La Sanción que amenaza la inclusión

Una gran preocupación existe entre quienes trabajamos y promovemos la inclusión laboral. Hoy, junto a otras instituciones, estamos pidiendo al Gobierno que modifique la tipificación de las multas asociadas al no cumplimiento de la ley 21015, tras darnos cuenta que éstas son menores al costo monetario de cumplir la ley.


Con la entrada en vigencia de la Ley 21.015 de inclusión laboral, Chile dio un gran salto en la inclusión de personas con discapacidad, De acuerdo a la Ley, toda empresa de 100 o más trabajadores debe reservar un 1% de su planilla de trabajadores para personas con discapacidad ya sea contratando directamente, tercerizando servicios a través de empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad, o donando a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social que fomentan la inclusión laboral.
Según datos de la Dirección del Trabajo (DT) más de 12 mil personas con discapacidad se han incorporado al mercado regular de trabajo y más de 2 mil empresas las han contratado, iniciando un proceso de cambio cultural importante y necesario.
Sin embargo, durante marzo la DT tipificó las multas establecidas por el Código del Trabajo relacionadas a la Ley 21.015: un máximo de 40 UTM ($1.940.120) para empresas de hasta 199 trabajadores y un máximo de 60 UTM ($2.910.180) para empresas de 200 trabajadores o más. Por tanto, mientras más trabajadores tenga una empresa, menor será el costo y mayor el incentivo de pagar la multa en relación a cumplir la Ley. Así, una empresa de 200 trabajadores pagará la misma multa que una de 20.000 por incumplimiento, desincentivando la contratación de personas con discapacidad en empresas de gran tamaño . Esto llevará a que se terminará no cumpliendo el objetivo que persigue a la ley, vulnerando el derecho de las personas con discapacidad a tener un trabajo.


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